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RD obtiene victoria en arbitraje internacional en defensa Parque Nacional Baiguate

El Estado dominicano salió victorioso en el arbitraje internacional como resultado de la demanda arbitral interpuesta en su contra por los señores Michael y Lisa Ballantine.

La demanda fue interpuesta sobre la base del Capítulo 10 sobre Inversión del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos (DR-CAFTA), en particular la disposición relativa al Trato Nacional, Trato de Nación Más Favorecida, Nivel Mínimo de Trato y Expropiación.

Los señores Ballantine demandaron al Estado por la suma de US$41,500,000.00 en el denominado caso “Jamaca de Dios” alegando violaciones al DR-CAFTA por no permitirle la expansión de su proyecto habitacional y recreacional en el área protegida del Parque Nacional Baiguate.

El martes 3 de septiembre, el tribunal arbitral emitió su laudo definitivo desestimando los reclamos de los señores Michael y Lisa Ballantine, particularmente sobre la base de que no tenían calidad para ampararse en el DR-CAFTA en vista de que la nacionalidad efectiva y dominante de dichos señores era la dominicana tanto cuando se produjeron los hechos como cuando se interpuso la demanda arbitral.

Defensa rigurosa y efectiva del interés nacional

La Dirección de Comercio Exterior (DICOEX) del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes estuvo a cargo de la coordinación de la defensa del Estado, junto a un equipo interinstitucional en el que participaron la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Este es un importante triunfo judicial internacional del Estado dominicano que realizó una defensa rigurosa y efectiva del interés nacional, especialmente de un recurso natural tan valioso como el Parque Nacional Baiguate.

El Estado dominicano estuvo representado por la firma de abogados Arnold & Porter, la cual contó con el apoyo del equipo de funcionarios dominicanos integrado por Marcelo A. Salazar, director de la DICOEX; y Flavio Darío Espinal, consultor jurídico del Poder Ejecutivo.

Asimismo, por Patricia Abreu, viceministra del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Leidylin Contreras, subdirectora de la DICOEX; Raquel De la Rosa, analista del Departamento de Prevención, Solución de Controversias e Inversión de la DICOEXl y Rosa Otero, directora del Ministerio de Medio Ambiente.

Johanna Montero del Ministerio de Medio Ambiente y Nathalie Hernández y Sara Patnella de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, también formaron parte.

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