SANTO DOMINGO. – República Dominicana enfrenta desde este viernes un nuevo escenario en su relación comercial con Estados Unidos, luego de que el Gobierno de Donald Trump estableciera un arancel adicional de 12.5 % para las importaciones procedentes del país, como parte de una política que Washington vincula con la falta de controles suficientes para impedir el ingreso de mercancías producidas mediante trabajo forzoso.
La decisión, anunciada el jueves por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), afecta a un grupo de economías que, según las autoridades estadounidenses, no cuentan con una prohibición efectiva o suficientemente aplicada contra la entrada de bienes elaborados mediante trabajo forzoso. La República Dominicana quedó incluida entre las naciones a las que corresponde la tasa de 12.5 %, mientras otros países fueron colocados en un nivel de 10 % por haber adoptado medidas que Washington considera adecuadas o parciales.
El nuevo gravamen comenzó a regir a partir de las 12:01 de la madrugada de este viernes y abre interrogantes sobre el impacto que podría tener para los exportadores dominicanos, particularmente en un mercado que representa uno de los principales destinos para los productos que salen del país.
La medida también introduce una nueva preocupación para las empresas dominicanas que venden en Estados Unidos, ya que el costo adicional puede modificar las condiciones en las que sus productos compiten frente a mercancías procedentes de otros mercados.
Aunque el arancel es cobrado al momento de la entrada de los productos al territorio estadounidense y formalmente corresponde al importador, sus efectos pueden terminar repercutiendo en toda la cadena comercial. Los compradores estadounidenses podrían trasladar parte del costo a los consumidores, renegociar los precios con sus suplidores dominicanos, reducir sus órdenes de compra o buscar alternativas en otros países.
El alcance final dependerá, entre otros factores, de los productos que queden sujetos a la medida, las exclusiones contempladas y las reglas comerciales aplicables a cada mercancía.
El decreto dominicano llegó horas antes
En medio de este nuevo escenario, el presidente Luis Abinader emitió el jueves el Decreto 502-26, mediante el cual el Gobierno dominicano establece un procedimiento administrativo para prevenir, identificar y restringir la importación de mercancías, productos y bienes producidos total o parcialmente mediante trabajo forzoso.
La disposición faculta a la Dirección General de Aduanas para prohibir la entrada de mercancías cuando, mediante una decisión motivada, se determine que fueron elaboradas bajo esas condiciones. El Ministerio de Trabajo tendrá participación técnica en la evaluación de los casos y los importadores deberán aportar información relacionada con sus cadenas de suministro.
El decreto establece además que las medidas podrán aplicarse a mercancías que ya hayan zarpado, se encuentren en puertos dominicanos o estén sometidas a procedimientos aduaneros antes de su entrada definitiva al territorio nacional.
La coincidencia entre ambas decisiones ha generado especial atención. República Dominicana adoptó el mecanismo exigido por Washington prácticamente al mismo tiempo en que Estados Unidos hacía pública la imposición del arancel.
La pregunta que queda abierta es si la nueva normativa dominicana puede servir para modificar la posición de Estados Unidos o reducir la tasa aplicada al país en una futura revisión.
Por el momento, el anuncio estadounidense ya está vigente y el decreto dominicano constituye una respuesta hacia adelante, con la intención de fortalecer los controles internos y evitar que el territorio nacional sea utilizado como puerta de entrada para mercancías vinculadas al trabajo forzoso.
¿Qué significa el arancel para las empresas dominicanas?
El primer impacto se encuentra en el costo de acceso al mercado estadounidense.
Un producto dominicano alcanzado por el nuevo gravamen puede enfrentar una carga adicional al ingresar a Estados Unidos, lo que puede reducir su competitividad frente a productos similares provenientes de países con una tasa menor o que estén excluidos de la medida.
Para las empresas exportadoras, esto podría traducirse en la necesidad de revisar sus precios, absorber parte del costo, renegociar contratos o buscar mayor eficiencia en sus procesos de producción y distribución.
El efecto también dependerá de la capacidad de cada empresa para trasladar el aumento al comprador final. En algunos casos, el importador estadounidense podría asumir el pago. En otros, puede intentar compensarlo mediante una reducción del precio que está dispuesto a pagar al proveedor dominicano.
El resultado podría ser una presión adicional sobre los márgenes de las empresas exportadoras y, dependiendo del comportamiento del mercado, una posible reducción de la demanda.
No obstante, no todas las exportaciones necesariamente enfrentarán el mismo impacto. La aplicación concreta de la medida dependerá de la clasificación de cada producto, las disposiciones específicas del arancel y las posibles excepciones.
El trasfondo de una relación comercial clave
La importancia de esta decisión va más allá del porcentaje establecido.
Estados Unidos constituye uno de los principales socios comerciales de República Dominicana y un mercado fundamental para numerosas empresas nacionales. Por eso, cualquier cambio en las condiciones de acceso puede tener repercusiones en sectores productivos, empleos y decisiones de inversión.
La medida también pone nuevamente sobre la mesa la necesidad de que República Dominicana mantenga una política comercial activa frente a las decisiones de Washington.
El país cuenta con el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA), que establece reglas preferenciales para el intercambio comercial entre las partes. Sin embargo, el nuevo escenario plantea interrogantes sobre cómo interactuará este arancel con las condiciones preferenciales existentes y cuáles productos quedarán realmente alcanzados.
Ese es uno de los puntos que deberá ser aclarado con precisión por las autoridades y el sector empresarial.
¿Puede RD revertir el impacto?
La emisión del Decreto 502-26 podría convertirse en una pieza importante en la estrategia dominicana para responder al nuevo escenario.
Al establecer un mecanismo formal para identificar y bloquear mercancías producidas mediante trabajo forzoso, el Gobierno busca demostrar que el país cuenta ahora con herramientas concretas para enfrentar una de las preocupaciones planteadas por Estados Unidos.
Sin embargo, el hecho de que la disposición haya sido emitida después de que Washington anunciara su decisión significa que, al menos por ahora, el arancel de 12.5 % ya está en vigor.
La discusión pasa entonces a otro nivel.
La República Dominicana tendrá que demostrar que las nuevas reglas no se quedan únicamente en el papel, sino que son aplicadas de manera efectiva. También deberá determinar si las medidas adoptadas son suficientes para que Estados Unidos reconsidere la clasificación del país en una eventual revisión.
Mientras tanto, los exportadores dominicanos quedan ante un escenario que obliga a mirar con atención sus costos y su competitividad en el mercado estadounidense.
Más que un nuevo porcentaje en una factura de aduanas, el arancel abre una conversación sobre la capacidad de República Dominicana para proteger sus exportaciones, fortalecer sus controles comerciales y responder con rapidez a decisiones que pueden tener consecuencias directas sobre su economía.
La gran incógnita ahora es cuánto tiempo permanecerá vigente el 12.5 %, qué productos terminarán pagando efectivamente ese costo y si la respuesta adoptada por el Gobierno dominicano será suficiente para convencer a Washington de modificar su decisión.
