Nuevamente el sonido de los tambores de un golpe de Estado en marcha agitan la política colombiana. En esta oportunidad, ha sido el presidente Gustavo Petro, quien alertó sobre este tipo de acción para deponerlo, que se gestaría desde la vía institucional.
En su cuenta de X, el mandatario escribió la víspera que «se han organizado para dar el golpe de Estado». «Lo anunciado se desarrolla. Del pueblo que me eligió dependerá que el designio oligárquico se vuelva realidad o los derrotemos de nuevo», aseveró sin dar más detalle.
«Esta no será una votación parlamentaria de nuestros enemigos para sacarnos. Esto será una lucha popular«, añadió.
Según los medios, el pasado jueves, seis de siete magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) habrían dado luz verde para que se analice el caso contra Petro y se decida si se abre una investigación o no. Una semana antes, el Consejo de Estado decidió que el órgano electoral era competente para continuar la investigación administrativa por las «presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos» en la campaña electoral de Petro.
Del mismo modo, el CNE declaró la competencia del Legislativo «para decidir sobre la eventual sanción de pérdida del cargo del presidente de la República, de manera autónoma y según el procedimiento contemplado». Sin embargo, la actuación del Parlamento solo se daría «cuando de la investigación adelantada por el Consejo Nacional Electoral por irregularidades en la financiación de la campaña presidencial 2022-2026, proceda la referida sanción».
A favor y en contra
Tras esta denuncia de Petro, integrantes de su gabinete manifestaron su respaldo, a través de las redes, mientras que quienes se oponen a su Gobierno cuestionaron la veracidad de lo expresado por el jefe de Estado.
La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, escribió que el alerta del mandatario «tiene todo el fundamento» y recordó la respuesta popular el 1 de mayo pasado. «Somos millones los que ahí estamos y estaremos para defender el mandato del pueblo».
En la misma línea, el viceministro de Juventud, Gareth Sella, comentó la interacción de Petro y dijo: «En las calles siempre somos más. Agitación y organización«.
Del lado contrario de la acera política, hubo escepticismo. Catherine Juvinao, representante a la cámara baja por la Alianza Verde, manifestó que cuando la Justicia colombiana investiga al expresidente Álvaro Uribe es «bueno», mientras que cuando lo hace con el actual dignatario, «se consuma el golpe de Estado».
«Conclusión: Petro se cree por encima de la ley«, añadió.
El senador Jonathan Pulido Hernández, compañero de partido de Juvinao, expresó que «la ley está para cumplirla y nadie debe pasar por encima». «No es un golpe de Estado, es cumplimiento de la ley», dijo.
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Un «golpe blando» congelado
A principios de mayo de este año, el mandatario se refirió a las acusaciones en su contra por supuestamente haber superado los topes de gastos electorales y manifestó que se preparaba un «golpe blando» para acabar con su mandato.
Los magistrados del CNE Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz radicaron en mayo pasado, ante la Sala Plena de esa institución, una ponencia de formulación e imputación de cargos en contra de la campaña de Petro por supuestamente haber violado los topes establecidos por ley.
Semana, en esa oportunidad, puso la lupa en los aportes de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) y a la Unión Sindical Obrera del Petróleo (USO) y al pago de 35.000 testigos electorales, a quienes se les habrían cancelado 60.000 pesos [15 dólares] el día de los comicios.
Fecode fue allanada en enero de este año por la Fiscalía, procedimiento duramente rechazado por el organismo magisterial. Ya en 2022, esa federación había aseverado que el donativo cumplió con todos los requisitos establecidos en la Constitución y la ley y se aclaró que los recursos no fueron utilizados directamente para la campaña de Petro.
Fuente RT
