El procurador adjunto Wilson Camacho indicó que la solidez de la acusación presentada por el Ministerio Público provocó que seis de los 10 acusados en el fraude a la Lotería Nacional desarticulado en la Operación 13 se declararan culpables en la audiencia de este jueves ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
“En el día de hoy han pasado dos cosas a las que es necesario referirse en este caso de Operación 13. Lo primero que sucedió en el día de hoy es que, de 10 acusados que estuvieron presentes en este juicio, seis se declararon culpables”, dijo el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), al responder a la prensa a la salida del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
“Esta es una evidencia palpable de la fortaleza de la acusación del Ministerio Público, ese es un primer tema que debe quedar claro y al cual debemos referirnos”, puntualizó Camacho, quien encabezó el equipo de fiscales integrado por Mirna Ortiz, procuradora de Corte y coordinadora de Litigación de la Pepca, Andrés Mena, Yudelka Holguín Liz y Alexis Piña.
Camacho también se refirió a la decisión de cese de la prisión preventiva que pesaba como medida de coerción sobre el ex administrador general de la Lotería Nacional Luis Maisichell Dicent, principal imputado en la acusación del Ministerio Público.
El procurador adjunto resaltó la debilidad de criterios del tribunal para tomar dicha decisión.
“Con relación al cese de la prisión preventiva, es evidente que el Poder Judicial ha decidido aplicar de manera irracional el límite razonable de la prisión preventiva”, sostuvo Camacho, quien nuevamente cuestionó este tipo de decisión de los tribunales en los casos de corrupción.
“En este caso resulta curioso y llama poderosamente la atención que los aplazamientos no se le imputan al Ministerio Público y no se le puede imputar, porque es imposible imputárselos, porque no hay evidencia de que los retrasos hayan sido por parte del Ministerio Público; entonces, este tribunal recurre a culpar al propio Poder Judicial de los retrasos del proceso para cesar la prisión preventiva. Esto solo ocurre única y exclusivamente en los casos de corrupción”, expresó Camacho.
La jueza presidenta del Segundo Tribunal Colegiado, Claribel Nivar, varió la medida de coerción de prisión preventiva impuesta a Dicent en la etapa inicial del proceso judicial denominado Operación 13, por prisión domiciliaria e impedimento de salida del país.
Al expresar su decisión, la magistrada precisó que esta puede ser revisada en cualquier momento posterior del proceso.
El tribunal, que junto a Nivar conforman las juezas Yissell Soto y Clara Sobeida Castillo, decidió recesar el proceso hasta el próximo 02 de enero de 2023, fecha en la que la audiencia será conocida de manera virtual, a partir de las 9:00 de la mañana.
El grupo es procesado por el fraude realizado en un sorteo de quinielas fraudulento celebrado el 1 de mayo del pasado año en perjuicio de la Lotería Nacional y las bancas de juegos de azar, con un monto defraudado que asciende a más de 500 millones de pesos, a través del sorteo fraudulento del 1 de mayo de 2021, en el que se mostró como ganador el bolo número 13.
En marzo pasado, el Ministerio Público presentó acusación formal contra los 11 involucrados en el fraude.
Esta instancia del proceso se inició luego de que el juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidió admitir la acusación y las pruebas presentadas por el Ministerio Público y dispuso el envío a juicio de Dicent, principal imputado del caso, y de los coimputados William Rosario Ortiz, Eladio Batista, Valentina Rosario Cruz, Jonathan Brea, Carlos Berigüete, Felipe Santiago Toribio, Edison Manuel Perdomo Peralta, Miguel Mejía y Rafael Mesa.
En relación con las querellas de actores civiles, presentadas por representantes de las bancas de lotería, también fueron admitidas por cumplir con las exigencias establecidas en las normativas.
A este caso también está vinculado el prófugo Leónidas Medina Arvelo (Nazaret), quien fue declarado en rebeldía a solicitud del Ministerio Público.
