El senador y empresario del transporte Antonio Marte , rechazó la convocatorias a manifestaciones de protestas hecha por el diputado Pedro Botello, en demanda de la entrega anticipada del 30 por ciento de los fondos de pensiones a los trabajadores, por considerar ese tipo de acciones podría degenerar en desmanes y acciones delincuenciales.
El congresista por la provincia Santiago Rodríguez, también tildó de politiquera las presiones que ha estado ejerciendo el diputado Botello, en procura del desembolso de esos recursos, los cuales no es posible.
Recordó que gran parte los ahorros individuales de los trabajadores depositados en las administradoras de pensiones están invertidos conforme a lo contemplado en sistema dominicano de la Seguridad Social.
“El amigo diputado Pedro Botello ha utilizado ese reclamo como tema político en procura de movimiento de opinión a favor, lo que se ha prestado para cometer desmanes, destruir cristales de vehículos y del edificio del Congreso Nacional”, subrayo el senador Antonio Marte.
Consideró que ese congresista debería centrar su lucha en otras cosas, “porque mediante el método que ha estado utilizando, no tendrá éxito “.
El legislador Marte recomendó al diputado Pedro Botello, a deponer la posición que cataloga de politiquera, de convocar a nuevas protestas, las cuales degeneran en acciones delincuenciales.
Refirió que como sindicalista y empresario del transporte nunca se identifica con el método de lucha propiciado por Botello, y que mediante el diálogo ha logrado muchas conquistas para el sector que representa.
El senador Marte, representante del Partido La Fuerza del Pueblo, se refirió al tema al ser abordado en torno al anuncio de paros y otras manifestaciones anunciadas por el diputado Botello, como mecanismo de presión para que se aprueba el proyecto de ley que cursa en el Congreso Nacional, mediante el cual se busca la devolución anticipada del 30% de los fondos de pensiones en poder de las AFPs.
En contra de esa demanda se han pronunciados representantes de los sectores empresarial y sindical, quienes coinciden que el desembolsos de esos recursos generaría distorsiones a la economía y perjudicaría a los trabajadores.
