Santo Domingo. La investigación por el presunto fraude cometido contra el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) entró este viernes en una nueva etapa con allanamientos simultáneos en distintos puntos del país y la detención preliminar de al menos 29 personas, en su mayoría médicos.
Los operativos fueron ejecutados desde la madrugada por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), como parte de la investigación denominada SeNaSa 2.0.
La titular de la Pepca, Mirna Ortiz, confirmó la realización de los allanamientos y que entre los detenidos figuran profesionales de la medicina. Hasta media mañana, el Ministerio Público no había divulgado un listado oficial con los nombres de todos los arrestados ni había explicado públicamente las imputaciones específicas que atribuye a cada uno.
La información disponible indica que las actuaciones abarcaron residencias, consultorios y establecimientos relacionados con servicios de salud.
Uno de los abogados que acudió este viernes a la Procuraduría informó que la residencia de una médica cirujana fue allanada alrededor de las 5:15 de la madrugada. Otro abogado confirmó la detención de un pediatra.
Ambos representantes legales afirmaron que, hasta ese momento, desconocían oficialmente cuáles eran las razones concretas por las que sus clientes habían sido detenidos.
Una investigación que ahora mira hacia los prestadores de salud
La llamada SeNaSa 2.0 constituye una ampliación de la investigación que comenzó a judicializarse a finales de 2025 con la denominada Operación Cobra.
En la primera fase, el Ministerio Público concentró sus actuaciones en exfuncionarios de SeNaSa, empresarios y personas vinculadas a empresas que mantenían relaciones comerciales con la aseguradora estatal.
Entre los principales procesados se encuentra el exdirector de SeNaSa, Santiago Hazim, además de otros antiguos funcionarios y empresarios.
El órgano persecutor sostiene que alrededor de la institución habría operado una estructura que utilizaba diferentes mecanismos relacionados con contrataciones, programas, facturación y otras operaciones para afectar los recursos de la aseguradora.
La Fiscalía ha situado el impacto económico de las maniobras investigadas en casi RD$16,000 millones, aunque el expediente maneja diferentes conceptos y montos relacionados con las operaciones bajo investigación.
Ahora, con SeNaSa 2.0, las pesquisas se extienden hacia otros actores que podrían haber tenido participación en operaciones vinculadas a la aseguradora.
De acuerdo con las informaciones publicadas este viernes, los nuevos allanamientos estarían relacionados con centros médicos y profesionales que prestaban servicios a SeNaSa.
Una de las líneas señaladas en los reportes apunta al análisis de reclamaciones y facturaciones de servicios médicos. Sin embargo, hasta el momento el Ministerio Público no ha explicado públicamente qué conducta concreta atribuye a cada uno de los nuevos detenidos ni cuánto dinero estaría relacionado con esta segunda fase.
Al menos 29 detenidos, pero todavía sin lista oficial
La cifra de detenidos que ha trascendido hasta ahora es de al menos 29 personas, según informaciones preliminares recogidas por medios de comunicación.
La mayoría serían médicos.
La cifra, sin embargo, todavía no ha sido presentada oficialmente por la Procuraduría como un balance definitivo del operativo.
Tampoco se ha divulgado una lista completa de los arrestados.
Entre los nombres que han trascendido se encuentra el del médico Steven Rabassa, de San Pedro de Macorís. El Ministerio Público no ha informado públicamente, hasta el momento, cuál sería la imputación específica que estaría siendo investigada en su caso.
Por esta razón, los nuevos detenidos deben ser considerados personas investigadas y no condenadas. La existencia de un allanamiento o una detención no establece por sí misma responsabilidad penal.
¿Por qué aparecen nuevos investigados?
La respuesta está en que la investigación original todavía permanece abierta.
El Ministerio Público había advertido que continuaba analizando una enorme cantidad de documentos, transacciones y operaciones relacionadas con SeNaSa.
La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, había explicado que el examen de esa documentación podía conducir a identificar a otras personas vinculadas con las operaciones investigadas.
La ampliación hacia médicos y otros prestadores de servicios de salud supone, por tanto, una expansión del radio de la pesquisa: de las estructuras administrativas y comerciales señaladas en la primera fase hacia personas que pudieron intervenir en la prestación, reclamación o facturación de servicios a la aseguradora.
Esto no significa que todos los médicos detenidos estén acusados del mismo hecho ni que necesariamente tengan el mismo nivel de participación. Esa determinación dependerá de las imputaciones que presente formalmente el Ministerio Público y de lo que posteriormente establezcan los tribunales.
El antecedente: Operación Cobra
La investigación comenzó a tomar una dimensión judicial en diciembre de 2025, cuando el Ministerio Público ejecutó la denominada Operación Cobra y apresó a un grupo de personas vinculadas al expediente.
La investigación incluyó a Santiago Hazim, quien dirigió SeNaSa, así como a antiguos funcionarios, empresarios y personas relacionadas con compañías que tenían vínculos comerciales con la institución.
El Ministerio Público sostiene que el supuesto entramado habría utilizado diferentes mecanismos para afectar los recursos de la aseguradora estatal.
Las autoridades han manejado un impacto económico de alrededor de RD$16,000 millones, cifra que forma parte de la tesis investigativa y acusatoria del Ministerio Público y que todavía deberá ser sometida al contradictorio judicial correspondiente.
En el proceso inicial, varios de los imputados recibieron prisión preventiva, mientras otros fueron sometidos a arresto domiciliario u otras medidas de coerción.
La investigación recibió más tiempo
La nueva ofensiva ocurre pocos días después de que el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional concediera al Ministerio Público una nueva prórroga para continuar con las investigaciones.
El plazo fue extendido hasta el 11 de diciembre de 2026 para que los fiscales concluyan las diligencias y presenten la acusación correspondiente contra el primer grupo de procesados.
La Fiscalía justificó la necesidad de más tiempo por el volumen de documentos, transacciones y evidencias que deben ser analizados.
Ese plazo resulta relevante porque demuestra que, mientras continúa el proceso judicial contra los primeros imputados, los investigadores siguen desarrollando diligencias para determinar si existen otras personas que deban ser incorporadas al expediente.
¿Qué se sabe y qué falta por confirmar?
Hasta este viernes, hay varios elementos confirmados y otros que todavía permanecen bajo investigación.
Está confirmado que la Pepca ejecutó allanamientos simultáneos en distintos puntos del país y que hubo personas detenidas, entre ellas médicos. También está confirmado que las actuaciones forman parte de la investigación denominada SeNaSa 2.0.
Lo que todavía no ha sido informado oficialmente es el número definitivo de allanamientos, la lista completa de detenidos, los centros médicos intervenidos, las imputaciones individuales y el monto específico que estaría relacionado con esta nueva fase.
Tampoco está establecido públicamente si todas las personas detenidas serán sometidas ante un tribunal o si algunas permanecerán bajo interrogatorio mientras los fiscales determinan su situación jurídica.
Por ahora, el caso permanece en fase investigativa.
La nueva jornada de allanamientos amplía considerablemente el alcance de una investigación que comenzó mirando hacia el interior de la administración y las relaciones comerciales de SeNaSa y que ahora coloca bajo escrutinio a profesionales y establecimientos vinculados directamente con la prestación de servicios de salud.
El próximo paso será conocer qué evidencias obtuvo el Ministerio Público durante los operativos y, sobre todo, cuáles serán las imputaciones formales que eventualmente presente contra los nuevos investigados.
