Tras casi cuatro años de investigaciones, finalmente la cantante colombiana Shakira irá a juicio acusada de seis delitos fiscales relacionados con la presunta evasión de dos impuestos entre los años 2012 y 2014. El auto dictado este martes por la jueza es firme y la artista ya no tiene opción de recurrir y evitar sentarse en el banquillo de los acusados.

La Fiscalía solicita ocho años y dos meses de prisión, así como una multa de 23,8 millones de euros, y la acusa de seis delitos fiscales por no pagar el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas a la Agencia Tributaria española y el Impuesto de Patrimonio a la catalana y por utilizar para llevar a cabo la elusión un entramado de empresas en paraísos fiscales.

Por su parte, la cantante argumenta que durante esos tres ejercicios no residía en España, por lo que no tenía obligación de tributar en el país. A pesar de ello, Shakira ya abonó en 2018 los 14,5 millones de euros que le reclamaba la Agencia Tributaria. Sin embargo, el ente español sostiene que la artista pasó más de 183 días cada uno de esos años en el país.

A finales de julio, después de varias negociaciones, la de Barranquilla rechazaba el pacto propuesto por la Fiscalía de Barcelona y decidía acudir a juicio para demostrar su inocencia. A través de un comunicado señaló que prefería «dejar el tema en manos de la ley, con la tranquilidad y la confianza de que la justicia le dará la razón».

Sin embargo, a pesar de lo abultado de la petición de la acusación, la cantante todavía podría evitar tanto el juicio como un posible ingreso en prisión, puesto que el acuerdo con el Ministerio Fiscal se podría alcanzar en cualquier momento antes del comienzo del juicio.

Ese posible acuerdo incluiría aceptar el delito, abonar una multa y posiblemente una condena menor que no conllevaría ingreso en la cárcel. De lo que no se libraría en este caso la artista es de sentarse en el banquillo de los acusados para ratificar el acuerdo