LA VEGA .- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de este distrito judicial impuso impedimento de salida del país y presentación periódica como medida de coerción a los propietarios del edificio Multi Muebles que colapsó el pasado mes de enero, resultando muerta una empleada y otras tres heridas al quedar atrapadas entre los escombros junto a otros compañeros de trabajo.
La decisión fue tomada por el juez Fernando Arturo Abreu, quien impuso las medidas en contra de Jesús María Sánchez Lantigua y Jorge Alberto Rosario Marte.
El Ministerio Público, representado por el fiscal Welinton Gómez, solicitó al tribunal la imposición de la prisión preventiva como medida de coerción a la persona física y a la empresa Multi Muebles, un embargo retentivo por 50 millones de pesos, pedimento que fue rechazado por el juzgador.
Ante esta decisión, el Ministerio Público está en espera la notificación de resolución para ponderar un recurso de apelación.
El órgano de justicia imputa a los propietarios del edificio colapsado la violación a los artículos 319 y 320 del Código Penal Dominicano que castiga el homicidio involuntario y a quien causa golpes o heridas involuntarias.
También señala la violación al Decreto 670-2010, Reglamento R-021, Reglamento General de Edificaciones y Tramitación de Planos (Decreto 576-06), Ley 687-82, que crea un Sistema de Elaboración de Reglamentos, técnicas para preparación y ejecución relativos a la Ingeniería, la Arquitectura y ramas afines, así como la Ley 62-00 sobre el Ejercicio de la Ingeniería, la Arquitectura y Agrimensura y Profesiones afines.
El colapso del edificio que albergaba la empresa R & S Multi Muebles, S.R.L. se produjo en fecha 18 de enero del año 2023, en la calle Las Carreras, esquina Sánchez del municipio La Vega, provincia La Vega, aproximadamente a las 12:05 de la tarde.
Tras el colapso del edificio resultó muerta Yasiris Joaquín de Jesús, de 30 años de edad, mientras que otras tres jóvenes empleadas resultaron heridas.
Las autoridades señalan que las evidencias obtenidas en el transcurso de la investigación hacen presumir de manera razonable que allí se realizaban trabajos de construcción sin contar con los permisos del Colegio Dominicano de Ingenieros y Arquitectos (Codia) ni del Departamento de Planeamiento Urbano de la Alcaldía de La Vega, que son las autoridades competentes para autorizar cualquier tipo de construcción o modificación.
Explican que las demoliciones y modificaciones, además de haber sido ejecutadas sin las autorizaciones de los organismos previstos por las leyes y los reglamentos, se realizaron con empleados dentro de la estructura, lo que provocó que al momento del colapso quedarán varias empleadas aplastadas entre los escombros, entre ellas Yasiris Joaquín de Jesús, quien falleció y sus compañeras que resultaron con lesiones en diferentes partes del cuerpo.
Precisan que los imputados inobservaron las medidas de cuidado o las diligencias de precaución correspondientes, cometiendo un hecho ilícito que, aunque no fue ejecutado con intención dolosa de por medio, pero por el descuido e inaplicación de las normas, su conducta se enmarca en un delito culposo sancionado por el Código Penal.
