Un proyecto de ley que penaliza los actos que perjudiquen «la soberanía y el interés nacional» fue aprobado este miércoles por la Asamblea Nacional de Zimbabue, la cámara baja del Parlamento local, informa AFP. La legislación, entre otras cosas, prohíbe participar en reuniones en las que se debatan sanciones o boicots comerciales contra el país africano, y la pena por infringirla puede ser de hasta 20 años de prisión.
Un legislador del partido gobernante Zanu-PF, Joseph Chinotimba, manifestó al Parlamento que la nueva ley es «noble», tiene «buenas intenciones» y su objetivo es animar a los zimbabuenses a ser «patriotas».
«Este proyecto de ley no pretende restringir la existencia de partidos políticos, sino animar a los zimbabuenses a que amen a su país y dejen de denunciarlo», declaró el político.
«Es la ley más draconiana que hemos visto en Zimbabue»
El texto fue criticado por la oposición y las organizaciones de derechos humanos, que consideran que tiene como fin prohibir las críticas al Gobierno y reprimir la disidencia antes de las próximas elecciones generales, programadas para agosto.
«Lo que están criminalizando es la opinión divergente contra Zanu-PF […] y esto ocurre al borde de unas elecciones, lo que demuestra sin lugar a dudas que se está ignorando el sobre de reformas», declaró Ostallos Siziba, portavoz del partido opositor Coalición Ciudadana por el Cambio.
El exministro de Finanzas, Tendai Biti, actualmente en la oposición, dijo que «ni siquiera la Rodesia del ‘apartheid’ aprobó una ley tan repugnante», en referencia al nombre del país antes de independizarse del Imperio británico.
«Este proyecto es la ley más draconiana que hemos visto en Zimbabue», expresó por su parte Musa Kika, director del Foro de ONG de Derechos Humanos de Zimbabue, agregando que no hay dudas de que la legislación, que aún debe ser aprobada por el Senado y por el presidente Emmerson Mnangagwa, será adoptada.
Este proyecto de ley es la última de una serie de medidas controvertidas aprobadas por el Gobierno de Mnangagwa a pocos meses de las elecciones. Otra de ellas tuvo lugar en febrero, cuando el Gobierno prohibió a las organizaciones de la sociedad civil participar en el proceso político, permitiendo así al Estado interferir en su gobernanza y sus actividades.
