La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue sobreseída en la causa conocida como ‘dólar futuro’, en la que era acusada del delito de presunta administración fraudulenta por la venta anticipada de la divisa realizada por el estatal Banco Central en 2015, durante su último año como mandataria.
La decisión fue tomada por unanimidad por los jueces de la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, al considerar «inexistencia de delito», reseñó Télam.
En el caso también fueron beneficiados el gobernador de la provincia de Buenos Aires y exministro de Economía del gobierno de Fernández de Kirchner, Axel Kicillof; así como Alejandro Vanoli y Miguel Pesce, el expresidente y el actual presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), respectivamente.
Con esta decisión de la Cámara de Casación, que en su fallo sostiene que la maniobra investigada respondió a una cuestión política y no delictiva, los imputados ya no deberán afrontar el juicio oral y público al cual había sido elevado el expediente. Sin embargo, el fiscal que interviene en el caso, Raúl Pleé, puede apelar la medida ante la Corte Suprema.
La causa
La causa «dólar futuro» fue la primera por la que Fernández de Kirchner tuvo que declarar ante los tribunales después de dejar el cargo en diciembre de 2015.
En concreto, se les acusaba de haber participado en una maniobra para que el BCRA vendiera dólares por anticipado —de ahí el nombre de la causa— a empresas y bancos, a un precio oficial que era menor al que había en los mercados paralelos que operaban en Argentina en 2015.
El valor de las divisas subió drásticamente en diciembre de ese año, cuando el entonces nuevo presidente Mauricio Macri decretó una devaluación para equiparar el valor del dólar oficial con el del mercado paralelo. Esa acción generó que aquellos que habían comprado dólares a futuro a un precio promedio de 10 pesos por unidad, después pudieran cobrarlos a una cotización de entre 14 y 15 pesos, diferencia que debió pagar el Estado.
Aunque el BCRA es autónomo, el fallecido juez Claudio Bonadio, que llevó la causa, consideró que las operaciones no pudieron realizarse sin el aval de la presidenta y de Kicillof.
En el fallo de este martes, los jueces determinaron que «no es posible atribuir responsabilidad penal respecto de ningún resultado, ocasionado por un accionar legítimo y conforme a derecho. Tal valla, en el caso de autos, sella la suerte de la cuestión sometida a estudio por cuanto la suscripción de los contratos futuros celebrados por el BCRA aparecía dentro de las facultades y límites impuestos por la Carta Orgánica de esa entidad».
Asimismo, concluyeron que, «al haberse realizado la operatoria cuestionada dentro del ámbito de las competencias del Banco Central, los hechos del presente proceso no cumplen con los requisitos de tipicidad correspondientes».
¿Parte del ‘lawfare’?
Durante el juicio, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner vinculó la causa dólar futuro al ‘lawfare’ (guerra jurídica) que ha denunciado desde antes de la llegada de Mauricio Macri al poder, y que se habría intensificado con su gestión.
Por caso, la exmandataria señaló en una de sus declaraciones judiciales: «No había ningún amigo de mi gobierno entre los que habían comprado dólar futuro. Estaban todos los amigos de quien ya era presidente de los argentinos, Mauricio Macri. Es más, había funcionarios», sostuvo. Y añadió: «Me quiero referir a Quintana, Mario Quintana [exvicejefe de Gabinete], el segundo de Marcos Peña [jefe de Gabinete]. Él sí había contratado dólar futuro y lo había hecho sabiendo que iban a devaluar como devaluaron».
Para la líder kirchnerista, existe un entramado entre el macrismo y parte del Poder Judicial para impulsar causas en contra de sus rivales políticos, actualmente en el Gobierno que encabeza Alberto Fernández.
«Ustedes, el Poder Judicial, contribuyeron a que ese gobierno (el de Cambiemos) ganara las elecciones (en 2015) e hiciera lo que hizo después. Ustedes también son responsables de lo que pasó y está pasando en la Argentina», les reprochó.
Y completó: «No solamente es lawfare, sino también introducción y manipulación de procesos electorales por parte del Poder Judicial. Los hechos me eximen de mayores explicaciones».
