Santo Domingo. El expediente de 525 páginas depositado por el Ministerio Público ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional describe una presunta estructura que habría utilizado información confidencial de afiliados del Seguro Nacional de Salud (Senasa) para generar autorizaciones, facturar procedimientos médicos inexistentes y obtener pagos con fondos de la aseguradora estatal.
La investigación, denominada Operación Cobra 2.0-A, llevó a las autoridades a realizar 37 allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega, donde fueron detenidas inicialmente 28 personas. Posteriormente, el Ministerio Público presentó solicitud de medida de coerción contra 25 imputados, para quienes solicita 18 meses de prisión preventiva y que el proceso sea declarado complejo.
De acuerdo con los elementos expuestos por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), entre el 28 de enero de 2021 y el 20 de febrero de 2025 se habrían gestionado 4,363 autorizaciones médicas presuntamente fraudulentas, relacionadas principalmente con consultas especializadas, cirugías menores ambulatorias y otros procedimientos.
El monto asociado a esas autorizaciones asciende a RD$41,125,551.02, según la investigación. Senasa habría detectado las irregularidades después de identificar autorizaciones y reclamaciones que no eran reconocidas por los afiliados cuyos datos aparecían en los documentos.
Datos reales para servicios que los afiliados dicen no haber recibido
Una de las principales líneas de la investigación apunta al supuesto uso de información real de los asegurados.
Según el expediente, personas vinculadas a Senasa habrían tenido acceso a datos confidenciales de afiliados y los utilizaban para elaborar solicitudes de autorización y posteriormente preparar reclamaciones por servicios médicos que, de acuerdo con los investigadores, nunca fueron solicitados ni recibidos.
Los formularios contenían datos auténticos de los afiliados, pero se les agregaban diagnósticos, consultas y procedimientos que presuntamente no habían ocurrido.
El Ministerio Público sostiene además que en varios casos fueron falsificadas las firmas de los beneficiarios y que se utilizaron códigos, sellos y firmas de médicos para dar apariencia de legitimidad a las reclamaciones.
Las entrevistas realizadas durante la investigación constituyen uno de los elementos utilizados para sustentar esa hipótesis. Los afiliados contactados negaron haber solicitado los servicios, afirmaron no reconocer a los médicos que aparecían en los documentos y, en algunos casos, aseguraron que ni siquiera habían estado en el lugar donde supuestamente fueron atendidos.
Algunas de esas personas, según el expediente citado por los medios, pudieron demostrar que en las fechas de las consultas o procedimientos registrados se encontraban trabajando, en sus hogares, fuera de la ciudad o incluso fuera del país.
Las firmas fueron llevadas al Inacif
La investigación no se limita a las declaraciones de los afiliados.
El expediente señala que varios formularios atribuidos a beneficiarios fueron remitidos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para realizar análisis caligráficos.
De acuerdo con los resultados citados por el Ministerio Público, en distintos casos las firmas colocadas en los documentos no correspondían con las firmas auténticas de los afiliados cuyos nombres aparecían en las reclamaciones.
Para los investigadores, estos peritajes constituyen uno de los elementos que apuntan a una presunta falsificación de documentos utilizados para sustentar los cobros ante Senasa.
Consultas ginecológicas registradas a nombre de hombres
Entre las anomalías detectadas durante las auditorías de Senasa hay una que destaca por lo inusual.
En la revisión de las prestaciones atribuidas a uno de los médicos investigados, una auditoría identificó consultas de ginecología registradas a nombre de afiliados masculinos.
Los hombres contactados posteriormente negaron haber recibido esas atenciones.
El mismo proceso de revisión habría detectado servicios facturados que no fueron suministrados y casos de duplicidad de prestaciones.
Para el Ministerio Público, estos hallazgos forman parte del patrón utilizado para sustentar la existencia de reclamaciones que no correspondían con servicios efectivamente prestados.
¿Cómo habría funcionado el mecanismo?
La investigación plantea una cadena de acciones.
Primero, según la hipótesis del Ministerio Público, se obtenían datos de afiliados de Senasa.
Luego se utilizaban esos datos para gestionar autorizaciones a través de los mecanismos internos de la aseguradora. El expediente señala que algunas llamadas al centro de atención de Senasa se realizaban desde números vinculados a personas relacionadas con la investigación y que se suministraban códigos auténticos correspondientes a profesionales de la salud.
Una vez obtenida la autorización, se preparaban los formularios y reclamaciones médicas.
Los documentos incluían los datos del afiliado, diagnósticos y procedimientos. Según la investigación, las firmas podían ser falsificadas y los médicos utilizaban sus códigos, sellos y firmas para presentar las reclamaciones como si correspondieran a servicios reales.
Finalmente, Senasa realizaba los pagos a los prestadores.
El Ministerio Público sostiene que ahí se producía otra parte de la operación: algunos médicos presuntamente entregaban entre 40 % y 60 % del dinero cobrado a integrantes de la estructura, mediante efectivo o transferencias bancarias.
Transferencias sin concepto y pagos que buscaban ocultar su origen
Los investigadores también revisaron los movimientos financieros asociados a las personas bajo investigación.
Según el expediente citado por Diario Libre, algunas transferencias no tenían concepto, mientras otras utilizaban descripciones que, de acuerdo con el Ministerio Público, podían servir para disimular la verdadera naturaleza de los movimientos.
Entre los conceptos registrados aparecen expresiones como “pago préstamo Ángel Luis Guzmán” y otras descripciones utilizadas en las transferencias.
La investigación coloca a Ángel Luis Guzmán Vásquez, exempleado del Departamento de Autorizaciones Médicas de Senasa, como una de las figuras centrales de esta parte del entramado.
Guzmán Vásquez trabajó en esa área entre marzo de 2021 y noviembre de 2022. Según el Ministerio Público, habría utilizado el conocimiento adquirido sobre los procedimientos internos de Senasa para facilitar la generación de autorizaciones utilizando información de afiliados.
Guzmán Vásquez no figura entre los 25 sometidos en esta nueva solicitud porque ya cumple una medida de prisión preventiva relacionada con la investigación.
La estructura también habría involucrado a empleados de Senasa
El expediente no plantea únicamente la participación de profesionales de la medicina.
Entre los 25 imputados aparecen médicos, empleados o exempleados de Senasa y otras personas que, según la Pepca, habrían colaborado en distintas etapas del supuesto mecanismo.
Diario Libre reportó que dos empleados de la aseguradora aparecen señalados por su presunta participación en el acceso y manejo de información de los afiliados. Uno de ellos habría facilitado el acceso a bases de datos, mientras que otra empleada es señalada de acceder a información de usuarios y gestionar procesos relacionados con pagos.
La tesis del Ministerio Público es que la distribución de funciones habría permitido que la operación utilizara tanto información interna como códigos y firmas de profesionales de la salud para convertir autorizaciones ficticias en reclamaciones pagadas.
25 imputados y una investigación que podría crecer
Tras los allanamientos del viernes, el Ministerio Público terminó presentando solicitud de coerción contra 25 personas.
La lista incluye médicos y otros vinculados al sector salud, además de personas relacionadas con Senasa.
La Pepca solicita que permanezcan en prisión preventiva durante 18 meses y que el caso sea declarado complejo debido a la cantidad de imputados, el volumen de evidencias y la naturaleza de las investigaciones.
La titular de la Pepca, Mirna Ortiz, también ha dejado abierta la posibilidad de que el proceso se amplíe.
La funcionaria ha indicado que la investigación continúa y que podrían aparecer nuevas personas o entidades a medida que los fiscales profundicen en el análisis de las evidencias.
Un expediente que todavía no representa una sentencia
Los elementos conocidos hasta ahora corresponden a la investigación y a la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
Eso significa que las irregularidades descritas en el expediente constituyen imputaciones que deberán ser discutidas y probadas en los tribunales.
Las 25 personas sometidas mantienen su presunción de inocencia mientras el proceso judicial avanza y hasta que una decisión definitiva establezca, o no, responsabilidades penales.
Mientras tanto, la nueva fase del caso Senasa amplía la investigación más allá de los funcionarios y exfuncionarios señalados en etapas anteriores y coloca bajo la lupa la forma en que se procesaban autorizaciones, reclamaciones y pagos a prestadores de servicios médicos.
La investigación, según ha advertido el Ministerio Público, todavía no está cerrada.
