La Cámara de Diputados de República Dominicana prevé aprobar entre jueves y viernes cambios al nuevo Código Penal, que entra en vigencia el 3 de agosto, mientras el Congreso analiza unas 20 propuestas de legisladores y organizaciones sobre libertad de expresión, difamación, ultraje y aborto.
La comisión bicameral busca tener listo su informe el jueves por la mañana para que el pleno de la cámara baja lo trate ese mismo día. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, confirmó al medio que habrá sesión el jueves a las 13:00 y que, si hace falta, se convocará otra el viernes para concluir el trámite.
El proceso se abrió la semana pasada para que ciudadanos y sectores sociales enviaran observaciones antes de la entrada en vigor de la Ley 74-25. La comisión bicameral fijó como plazo formal hasta mañana para recibir propuestas adicionales.
El informe y los artículos observados
El presidente de la comisión bicameral, el diputado Wandy Batista, dijo que el grupo espera terminar los trabajos esta semana porque las modificaciones alcanzan un número reducido de artículos y muchos de esos temas ya fueron discutidos. En sus palabras: “Entendemos que tenemos tiempo, primero porque no son muchos los artículos; segundo, porque todos han sido ampliamente discutidos y analizados. Creo que, teniendo presente la Constitución de la República y nuestra conciencia, probablemente estaremos listos esta misma semana”.
El hemiciclo afronta una carrera contra el calendario con decenas de aportes en la mesa y una advertencia de la comisión sobre lo que puede ocurrir aunque el trámite siga abierto.
Batista evitó asegurar que las enmiendas queden aprobadas antes del 3 de agosto, pero afirmó que la normativa empezará a regir en esa fecha aun si el proceso legislativo no termina. “No puedo garantizar eso. Lo que sí podemos garantizar es que el 3 de agosto entrará en vigencia el nuevo Código Penal, con modificaciones o sin ellas», dijo al medio.
Entre los artículos más cuestionados figuran los relativos a difamación, injuria, ultraje y otros puntos ligados al ejercicio de la libertad de expresión. La publicación indicó que la comisión ya empezó a revisar iniciativas de legisladores junto con propuestas enviadas por distintos sectores de la sociedad.
Las propuestas de Adocco
Una de esas observaciones fue presentada por la Alianza Dominicana Contra la Corrupción. Según Listín Diario, la organización entregó a la mesa de trabajo un documento que propone variar el contenido de al menos 11 artículos y modificar de forma directa alrededor de ocho: 186, 192, 194, 208, 211, 212, 234 y 310.
Julio César de la Rosa Tiburcio, presidente de Adocco, planteó incorporar en el artículo 186, sobre atentado contra la intimidad, una exclusión expresa de responsabilidad cuando la divulgación responda al ejercicio legítimo del periodismo y exista interés público prevaleciente. En el artículo 192, sobre difusión de audios o imágenes sin consentimiento, la entidad sugiere una redacción que proteja el periodismo de investigación.
El artículo 211, según Listín Diario, establece las declaraciones que no serán consideradas difamatorias o injuriosas. Adocco recomienda reforzar allí la protección de expresiones relacionadas con corrupción, función pública y asuntos de interés público para ofrecer seguridad jurídica a periodistas, ciudadanos y medios de comunicación.
La entidad también considera necesario “armonizar la responsabilidad penal de las personas jurídicas con las exclusiones de responsabilidad previstas en el artículo 211” dentro del artículo 212, que trata la responsabilidad de propietarios de medios en casos de difamación e injuria. En el artículo 234, sobre responsabilidad de personas jurídicas por extorsión o chantaje, propone delimitar esa figura para evitar que se extienda de manera indebida a empresas de comunicación que actúan en ejercicio legítimo de la libertad de información.
En el artículo 310, Adocco solicitó limitar el ultraje al ámbito jurisdiccional como garantía para la libertad de expresión y la crítica ciudadana fuera del proceso judicial. Ese punto figura entre los más sensibles del debate público sobre el nuevo Código Penal.
